En el fondo, esta es la historia de un engaño. Desde 2019, el Tribunal Supremo ha venido diciendo exactamente lo mismo: la aplicación de la Directa Marco europea del Agua obliga a España a cambiar la forma en la que gestiona sus trasvases. Y no lo ha dicho una vez, no: si hablamos del trasvase del Tajo, lo ha dicho, al menos, seis veces.
Pese a eso, las distintas administraciones llevan años interpretando un melodrama político que ha impedido diseñar un sistema que minimice los problemas que la directiva pueda crear. Y el resultado es que murcianos y castellano-manchegos llevan años peleándose para nada.
Por suerte o por desgracia, esta carrera hacia delante parece que se acaba el 5 de mayo.
¿Qué ocurre el 5 de mayo? Si todo sale según lo previsto, el 5 de mayo el Supremo decidirá el futuro del Trasvase Tajo- Segura y el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027. Ese día, el alto tribunal decidirá qué ocurre con el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, el último gran proceso judicial que permanece abierto contra los cambios que el Gobierno aprobó en 2025 para adaptarse a la normativa.
Es, por así decirlo, la última bala jurídica que le queda a los regantes del este peninsular.
¿Y qué podemos esperar? Poco. El propio presidente del sindicato, Lucas Jiménez, ha admitido públicamente ‘ánimos fríos’ y ‘sin grandes expectativas’, dado el sentido de los pronunciamientos previos.
Y es que, llegados a este punto, el tema que se debate es si los nuevos caudales ecológicos (que, según la Universidad de Alicante, conllevarán una merma media de 105 hm³/año a partir de 2027) entran en vigor ya o puede ser escalonado. Pero, la impopularidad de la medida en amplias zonas del país, ha hecho que todo se vaya postergando.
Hasta el punto que la Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite el recurso de Castilla-La Mancha por la inacción del Ministerio al publicar las nuevas reglas: de hecho, si mañana se tumba el recurso de Scrats, no habrá normas para aplicar el trasvase.
¿Y entonces? El conflicto entrará en una nueva fase: ante la eventual desestimación y con los recortes de trasvase consolidados jurídicamente, solo queda discutir detalles técnicos y las medidas de compensación.
No hay que olvida que el Trasvase abastece a casi 150.000 hectáreas de regadío en Murcia, Alicante y Almería. Se trata de un agua que ya está concedida de facto a los regantes y el Estado tendrá que compensarlos. Aunque, de los 1.450 millones de euros que comprometió Moncloa para amortiguar el golpe parece que solo se ha ejecutado en torno a un 5%.
La historia que nunca acaba. Llevamos décadas peleando sobre el agua en España y hemos sido incapaces de crear un sistema que reordene el país (y lo adapte al agua real). Casi al contrario: desde hace más de 30 años, nunca ha sido así.
Como explicaban en Datadista, «desde la profunda sequía de los años noventa, cada periodo seco ha servido para implantar medidas de emergencia […] o permitir prácticas que no se eliminaron al volver las lluvias, se emplearon para ampliar regadíos, aumentando el problema de sobreexplotación y contaminación de acuíferos y los humedales a los que alimentan». Y la factura de todo eso es la que estamos pagando ahora.
Imagen | Trent Haddock
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La noticia
Murcianos y castellano-manchegos llevan años peleándose para nada. Pase lo que pase con el trasvase, lo que realmente estamos perdiendo es el tiempo
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Javier Jiménez
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Fuente: www.xataka.com
