Congreso de la Nación Argentina / Crédito: Herbert Brant Wikimedia Commons
Mediante una carta abierta a los legisladores titulada “La tierra: madre, hermana y bien común”, Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social y la Comisión de Pastoral Aborigen del episcopado argentino se pronunciaron sobre la llamada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que se encuentra en tratamiento en el Senado argentino, se presenta como una herramienta para eliminar restricciones que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica. Para ello, propone cambios en el régimen de expropiaciones, en los procesos de desalojos, y reformas en leyes como la de tierras rurales y la de manejo del fuego.
El mensaje de la Iglesia Católica en Argentina comienza citando al Papa León XIV, quien en su encíclica Magnifica humanitas se refiere al principio del destino universal de los bienes, por el cual los bienes de la tierra “han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos”.
Al expresar preocupación por el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, argumentan que “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.
Recordando a San Juan Pablo II, consideran asimismo que “no es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”, consideran.
Desde la Iglesia advierten que este proyecto de ley “deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”.
“También resultan alarmantes los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido”, añaden.
Este proyecto, continúan, “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.
“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”, sintetizan, por lo que “cuidar la tierra es cuidar la vida”, mencionando especialmente a las comunidades rurales, campesinas e indígenas, para quienes “la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro”.
Por eso, frente a las promesas del crecimiento económico financiero, los organismos eclesiales aclaran que “no es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”, afirmando que el desarrollo es integral cuando “promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales y relacionales, en el respeto a la Casa común, a la diversidad de los pueblos y a sus modos de vivir”.
De cara al debate de este proyecto, destacan la importancia de “favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos”.
Finalmente, piden a quienes intervengan en el debate de este proyecto que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.
Fuente: www.aciprensa.com
