República Dominicana llegó a julio de 2026 con varios frentes abiertos. El costo de la canasta básica escalando; gasolinerías que amenazan con dejar de aceptar tarjetas (anunciaron tregua de 30 días); médicos en paro por un proceso judicial; la reforma policial muy cuestionada por la muerte del joven Darlin Mercado Reyes; ajustes impositivos tramitados con urgencia que han llevado tensión al sector empresarial por la ley de residuos sólidos y el plan anticrisis; una reforma laboral que no termina de cerrarse; y un nuevo Código Penal que levanta objeciones que podrían llegar al Tribunal Constitucional.
A ese complejo cuadro se suma el incremento de la canasta básica y el ambiente físico incómodo: calor intenso que se espere que se mantenga por al menos los próximos dos meses, finamente afectado por las partículas de polvo del Sahara que incrementan la sensación térmica y de humedad y dispara las alergias. Un ambiente que a cualquiera le pone los nervios de punta.
El malestar empezó a escucharse fuera de las mesas de negociación. La noche del lunes 6 de julio, residentes de sectores del Distrito Nacional como Bella Vista, El Renacimiento, Naco y Arroyo Hondo se sumaron a cacerolazos convocados a través de redes sociales, en protesta contra el alto costo de la vida, los impuestos, los precios de los combustibles y los excesos policiales. Videos e imágenes compartidos por comunitarios mostraron a personas en balcones, aceras y frentes de viviendas haciendo sonar ollas y calderos como señal de rechazo.
Costo de la canasta básica
Ningún tema sube más temperatura que la inflación y el sentimiento de que el dinero que entra al bolsillo sirve para menos. Según el Banco Central, la inflación interanual se situó en 5.35 % en mayo de 2026, por encima del límite superior del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0.31 %, mientras que la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año llegó a 1.50 %.
En la medición interanual más reciente, los rubros que más pesan sobre la inflación son alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 6.56 % y una incidencia de 1.69 puntos porcentuales; transporte, con 7.47 % y 1.29 puntos; restaurantes y hoteles, con 7.65 % y 0.72 puntos; y bienes y servicios diversos, con 6.22 % y 0.68 puntos. Es decir, el encarecimiento se siente sobre todo en comer, moverse, consumir servicios cotidianos y comer fuera de casa.
Conflicto en gasolinerías
El caso más reciente es el conflicto entre las empresas que gestionan los equipos de verifone y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), que acordaron este martes un plazo de 30 días para buscar una salida a las demandas del gremio, luego de que este amenazara con dejar de aceptar pagos con tarjetas en estaciones de combustibles por las comisiones que cobran las empresas propietarias de los verifones. La reunión fue encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, junto al titular de Anadegas, Juan Elías Pérez, y representantes públicos y del comercio, pero sin la presencia de las empresas de verifones.
Según Anadegas, las comisiones cobradas por los manejadores de tarjetas oscilan entre 1.95 % y 2.50 %. El gremio sostiene que, con márgenes regulados de aproximadamente RD$23.75 por galón en el diésel regular y RD$27.07 en las gasolinas, el costo financiero por comisión puede representar entre RD$6.59 y RD$8.45 por galón, equivalente a entre 25 % y 36 % del margen bruto, dependiendo del combustible y de la tasa negociada.
Medidas anunciadas
El plan Anticrisis fue presentado como un conjunto de medidas para proteger a las familias, apoyar a las mipymes, fortalecer las finanzas públicas y preservar la estabilidad económica. Entre sus componentes figuran aumento del monto exento del Impuesto Sobre la Renta, ampliación de beneficios por gastos educativos, reducción o eliminación de anticipos para micro y pequeñas empresas, apoyo al sector agropecuario y mecanismos para regularización tributaria.
Pero el paquete también introdujo cambios sensibles para contribuyentes de mayor escala. El Senado aprobó de urgencia, el 17 de junio, el proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. Entre sus disposiciones transitorias, el proyecto establece que, para los períodos fiscales 2026, 2027 y 2028, los contribuyentes con ingresos desde RD$1,000 millones deberán pagar 30 % sobre su renta gravable.
El Gobierno ha insistido en presentar la Ley 30-26 como una herramienta de simplificación y alivio en áreas específicas. Hacienda aclaró, por ejemplo, que la norma no crea impuestos sobre suscripciones personales a plataformas digitales y que la retención reducida de 27 % a 15 % aplica a determinados pagos de empresas dominicanas a proveedores extranjeros por licencias de software, regalías, publicidad digital y almacenamiento en la nube. Aun así, la velocidad del trámite y la sensibilidad fiscal del año han alimentado la percepción de que el sector productivo está recibiendo varios golpes regulatorios al mismo tiempo.
A finales de junio, el Congreso aceleró una modificación que aumenta de RD$675,000 a RD$3,000,000 el pago anual que podrían hacer grandes empresas por concepto de residuos sólidos. El proyecto fue aprobado en el Senado en una misma sesión, declarado de urgencia, conocido en dos lecturas consecutivas y sancionado sin ser enviado previamente a comisión, lo que generó cuestionamientos por la falta de análisis técnico.
Reforma laboral
La iniciativa fue defendida por sectores que entienden necesario corregir cargas desproporcionadas sobre mipymes y fortalecer el financiamiento de la gestión de residuos, pero el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asonahores y la Asociación de Industrias de la República Dominicana advirtieron sobre el riesgo de aprobar leyes de alto impacto con trámite acelerado y sin suficiente estudio.
El malestar empresarial también se extiende a la reforma laboral. El Conep y Copardom enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la que expresaron preocupación por el proyecto que modifica el Código de Trabajo y pidieron un encuentro para discutir observaciones.
Ambas entidades sostienen que el texto en discusión deja fuera acuerdos alcanzados en el diálogo tripartito, incorpora disposiciones que requieren revisión adicional y omite aspectos relevantes para la modernización, competitividad y eficiencia del mercado laboral.
La pieza, además, ha sufrido retrasos. El proyecto fue aprobado en primera lectura el 20 de mayo, luego fue sacado temporalmente de agenda y volvió a comisión por observaciones técnicas. En ese julepe, la reforma laboral lleva más de un año dando vueltas en el Congreso y, si no se aprueba antes del cierre de la legislatura de julio, podría perimir.
El malestar médico
En paralelo, el Colegio Médico Dominicano (CMD) llevó la tensión gremial al sistema de salud. El gremio ratificó un paro nacional de 24 horas para este martes 7 de julio, en protesta por el arresto del cirujano buco maxilofacial William Almánzar y su asistente clínico en La Vega.
El CMD dijo que suspenderá servicios electivos, aunque mantendría atención en emergencias, unidades de cuidados intensivos y pacientes hospitalizados. A los involucrados se les dictó garantía económica como medida de coerción y es acusado intrusismo y malas prácticas odontológicas que lesionaron a una mujer.
- El paro también conecta con otra discusión mayor: el nuevo Código Penal. El CMD ha advertido que algunas disposiciones de la Ley 74-25 podrían fomentar una “medicina defensiva”, al aumentar la vulnerabilidad penal de los profesionales de la salud frente a resultados adversos derivados de actos médicos.
En respuesta, una propuesta legislativa busca modificar el artículo 112 para establecer que la muerte de un paciente o una complicación médica, por sí solas, no basten para atribuir responsabilidad penal a un profesional de la salud.
Reforma policial pendiente
El Código Penal, que sustituye una legislación de más de un siglo, no solo enfrenta críticas desde el sector salud. Los periodistas han denunciado que tal como está la ley que pronto entrará en vigencia también sancionará la investigación periodística y la denuncia social al no establecer de manera clara qué es difamación.
La agenda de seguridad pública agrega otro foco de presión. La muerte de Darlin Mercado Reyes durante una intervención policial en la cañada de Guajimía, en Herrera, volvió a sacudir la confianza en la Policía Nacional y reactivó el debate sobre la reforma policial. El proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional está a punto de perimir en el Senado si no se aprueba antes del 26 de julio, tras siete meses bajo estudio en una comisión especial.
La reforma policial pendiente incluye, entre otros puntos, que la salud mental de los agentes deje de ser solo un requisito de ingreso y pase a ser evaluada durante toda la carrera. El artículo 177 del proyecto plantea monitoreos de salud mental al menos cada dos años, además de seguimiento especial cuando un policía haga uso de la fuerza o participe en hechos traumáticos asociados al servicio.
Fuente: www.diariolibre.com
