La Fundación Familia Sin Violencia (Funfasinvi) fijó este sábado su posición sobre las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo a la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.
La entidad consideró que los cambios representan un avance en el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, aunque advirtió que algunas disposiciones, especialmente las relacionadas con la libertad de expresión, podrían seguir siendo objeto de debate constitucional.
En un análisis jurídico difundido por la entidad, su presidente, el abogado penalista Orlando Aracena Vásquez, sostuvo que la iniciativa, mediante la cual se propone modificar 18 artículos antes de la entrada en vigor del Código Penal, busca armonizar la legislación con la Constitución y responder a las observaciones formuladas por distintos sectores de la sociedad.
El documento destaca que las modificaciones fortalecen la libertad de expresión, los derechos de niños, niñas y adolescentes, la lucha contra la corrupción administrativa y la protección de la intimidad. Asimismo, introducen mejoras de técnica legislativa en varios tipos penales.
«Las modificaciones propuestas representan un avance importante en materia de técnica legislativa y en el fortalecimiento de la protección penal de los sectores vulnerables«, afirmó Orlando Aracena Vásquez, presidente de la institución.
Libertad de expresión
Funfasinvi señaló que uno de los principales ejes de la reforma corresponde a las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y de prensa.
De acuerdo con Aracena, la propuesta del Poder Ejecutivo no elimina por completo las penas de prisión para determinados delitos vinculados con la expresión pública, pero limita su aplicación para evitar interpretaciones arbitrarias.
«Entendemos que aún existen disposiciones susceptibles de perfeccionamiento, especialmente aquellas relacionadas con la libertad de expresión, las cuales deberán interpretarse siempre de conformidad con la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional e internacional», sostuvo.
Asimismo, afirmó que las garantías incorporadas para periodistas, abogados y legisladores fortalecen el ejercicio democrático y reducen el riesgo de criminalizar tanto el trabajo periodístico como el ejercicio del derecho de defensa.
No obstante, la organización consideró que la permanencia de penas privativas de libertad para algunos delitos relacionados con la libertad de expresión continuará siendo objeto de debate constitucional.
Protección de la niñez y lucha contra la corrupción
La fundación valoró positivamente la tipificación del acoso escolar y el ciberacoso como delitos autónomos, al considerar que esta medida responde al incremento de esas conductas y fortalece la protección de niños, niñas y adolescentes.
También respaldó las modificaciones relacionadas con la persecución de los delitos sexuales contra menores de edad y el fortalecimiento de las sanciones por malversación de fondos públicos.
Respecto de la protección de la privacidad, indicó que la propuesta establece una diferenciación entre la divulgación de información de interés público y la difusión no autorizada de imágenes, audios o conversaciones privadas, lo que, a su juicio, reduce el riesgo de interpretaciones abusivas.
Aspectos pendientes
Funfasinvi sostuvo que todavía existen aspectos que podrían ser sometidos al control del Tribunal Constitucional. Entre ellos citó la permanencia de penas de prisión vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión; la interpretación del delito de ultraje contra la autoridad; los límites entre el derecho a la intimidad y el interés público, y la proporcionalidad de determinadas sanciones penales.
La entidad afirmó que el proceso de perfeccionamiento del Código Penal debe mantenerse abierto al diálogo entre el Estado, la sociedad civil, la academia, los gremios profesionales, los medios de comunicación y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional una propuesta para modificar 18 artículos de la Ley 74-25 antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
La iniciativa plantea cambios en disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y de prensa, el ciberacoso, la difusión de imágenes y audios sin consentimiento, la difamación, el delito de ultraje, la protección de niños, niñas y adolescentes, la corrupción administrativa y diversos aspectos de técnica legislativa.
La propuesta será estudiada por una comisión bicameral, con el propósito de que las modificaciones sean aprobadas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación penal.
Fuente: www.diariolibre.com
