El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y comercio ilegal de armas, regresará este domingo a Honduras de manera voluntaria para responder a los cargos de fraude y lavado de dinero ante la justicia hondureña, y ponerla a prueba, como ha alertado el ente anticorrupción.
Hernández, de 57 años, es un político que en su momento logró movilizar a buena parte de los hondureños, ante los que se mostró como un líder de carácter fuerte, y que generó polémica por varias medidas durante sus mandatos, incluida su cuestionada reelección en 2017.
Estas son las claves para entender su regreso:
El primer expresidente hondureño extraditado
Hernández gobernó Honduras durante dos períodos consecutivos (2014-2022). En abril de 2022, apenas tres meses después de traspasar el poder, se convirtió en el primer expresidente del país extraditado a Estados Unidos.
En 2024, una corte federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por tres cargos relacionados con el tráfico de armas y la conspiración para ingresar cientos de toneladas de cocaína a territorio estadounidense, e incluso haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
El indulto presidencial de Trump
El panorama legal de Hernández dio un vuelco radical en 2025, cuando el exjefe de Estado recuperó el 1 de diciembre de ese año su libertad, tras recibir un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) le había «tendido una trampa» al hondureño.
Trump anunció el perdón presidencial el 28 de noviembre, en vísperas de las elecciones generales en Honduras ganadas por el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, con quien Hernández tiene afinidad.
Tras la medida ejecutiva, el juez federal Kevin Castel formalizó la anulación de la sentencia y el cierre definitivo del expediente.
Un retorno voluntario tras la suspensión de su orden de captura
El regreso de Hernández se concretará después de que un juez hondureño suspendiera de forma provisional la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que pesaban en su contra.
La determinación judicial atendió una solicitud formulada por la defensa del exmandatario para someterse a la justicia de manera voluntaria, lo que le garantiza ingresar al país sin ser detenido inmediatamente a su arribo.
Procesos pendientes en Honduras
El exgobernante deberá enfrentar en Honduras un proceso por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral en 2013, dentro de una trama en la que también figuran el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), exdiputados y empresarios.
Un juez competente fijó para el próximo 3 de agosto la audiencia inicial de declaración de imputación, en la que Hernández conocerá formalmente los cargos y su representación legal solicitará que se le permita afrontar el proceso penal bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
«Todos los demás involucrados en ese proceso se presentaron voluntariamente. La mayoría de ellos ya fueron liberados de sus cargos y están en libertad, y los demás siguen un proceso común y corriente», declaró Hernández, sobre la acusación, en una entrevista con EFE, en Miami (EE. UU.).
Prueba de fuego para el sistema de justicia
El retorno del exmandatario reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial hondureño.
Mientras su círculo cercano y militantes afines consideran su regreso como una oportunidad para demostrar su inocencia, diversas voces de la oposición y de organizaciones anticorrupción expresan su temor ante eventuales privilegios procesales.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cree que el desafío no es el retorno de Hernández, sino demostrar que la justicia actúa sin privilegios.
«El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo«, afirmó la funcionaria, al señalar que su caso será una prueba para las instituciones hondureñas.
En la misma línea, la excandidata presidencial del izquierdista Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada ha exigido que las instituciones apliquen la ley con objetividad y sin concesiones.
Fuente: www.diariolibre.com
