En menos de dos meses, la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez se ha visto envuelta en graves imputaciones de fraude al Seguro Nacional de Salud Pública (Senasa) y a otras denuncias, como poseer una clínica de estética sin contar con los permisos y las condiciones para operar, en la cual un barbero, sin estar formado en medicina, sometió a una liposucción a una joven que falleció en el mes de julio.
Basora Ramírez forma parte de un grupo de 22 médicos detenidos recientemente por el Ministerio Público bajo los señalamientos de cobrar por consultas y procedimientos especializados no realizados a los afiliados del Senasa. A ella, específicamente, se le atribuye presentar reclamaciones a la ARS por supuestos procedimientos ginecológicos practicados a hombres.
En julio, Salud Pública informó que la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Santo Domingo Este, de la cual es propietaria la imputada, funcionaba de manera clandestina. En ese centro, el barbero Enmanuel Hernández, sin la formación médica y mucho menos la acreditación como cirujano plástico realizó la fatal liposucción.
La víctima fue la Rebecca Brizard, de 28 años. Tras el suceso, las autoridades requirieron la comparecencia de Basora, pero esta ignoró el primer citatorio. Sin embargo, acudió a otro llamado, en donde fue entrevistada por representantes de Salud Pública.
- «Citamos a la doctora Basora y nos dejó esperando; no vino», indicó Juan Gerardo Mesa, director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, días después del deceso de Brizard, según publicaciones de este medio.
- Ese mismo funcionario sostuvo que el centro “funcionaba de manera clandestina” y dijo sorprenderle que una persona se sometiera a algún procedimiento médico en esa “clínica” por las condiciones que tenía dicho establecimiento sin contar con los equipos necesarios para las intervenciones quirúrgicas.
El barbero salió del país luego de darse a conocer el fallecimiento de Brizard en los medios.
Imputaciones en el Senasa 2.0
Sobre los procedimientos que se le imputa a Basora Ramírez haber reclamado a la ARS, «se comprobó» que sometió dos reclamaciones médicas en fecha veintidós (22) de julio de 2024, atribuyendo a un hombre diagnósticos y procedimientos médicos «manifiestamente incompatibles con su condición biológica de sexo masculino».
La solicitud de medida de coerción del caso Sanasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A, dice que específicamente reclamó por el pago por un «trastorno no inflamatorio especificado de la vulva» y «resección de granuloma vulvoperineal» a una paciente.
El documento en el que se solicita 18 meses de prisión preventiva a la doctora y a sus otros compañeros, se explica que durante el allanamiento que se le practico “a Griselda Altagracia Basora Ramírez, fueron ocupados diversos documentos societarios de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento Dr. Griselda Basora.
También del Centro Médico de Salud Integral y Cirugía Estética CEMESICE, S.R.L.
Este domingo, a las 7:00 de la noche, el juez de la Oficina de Atención Permanente, dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa y la Dirección de Persecución del Ministerio Público,
La única querella de una afiliada
El pasado miércoles se presentó la primera querella de acción civil contra un grupo de médicos y que encabeza Basora Ramírez por el fraude a la ARS estatal.
En su demanda, la afiliada María de los Ángeles Flores Ovando solicita una indemnización de 20 millones de pesos por los daños ocasionados al usarse sus datos personales y falsificar su firma para facturar por estudios y procedimientos que nunca le fueron realizados en septiembre de 2025.
Otros de los facultativos que señala son José Luis Díaz Hernández, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, entre otros, así como a la razón social Centro Médico Universal, quienes forman parte de los imputados en Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A.
Fuente: www.diariolibre.com
