La irrupción de la inteligencia artificial y la evolución del crimen organizado están reconfigurando los sistemas de justicia penal, coincidieron los juristas franceses Raphaële Parizot y Xabier Pin durante un panel celebrado en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), centrado en el análisis del nuevo Código Penal dominicano a partir de la experiencia del modelo francés y del enfoque europeo comparado.
Parizot, catedrática de Derecho y codirectora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne, expuso que la transformación digital de la justicia penal tiene antecedentes de varias décadas. “Las primeras experiencias fueron en cuanto a las videoconferencias, en procesos penales”, explicó, al referirse a mecanismos implementados desde los años noventa para facilitar la conexión entre territorios. Posteriormente, este proceso avanzó hacia la desmaterialización de los expedientes, con el paso progresivo del papel al soporte electrónico.
En cuanto a la inteligencia artificial, la experta subrayó que su incorporación en la toma de decisiones judiciales sigue siendo limitada. “Estamos al principio de la utilización de la inteligencia artificial en la procedura penal, porque se rechaza que la justicia sea otorgada a través de la inteligencia artificial”, afirmó. En ese sentido, insistió en que no existe, ni desde el punto de vista humano ni tecnológico, una correspondencia automática entre comportamiento delictivo y sanción penal.
No obstante, Parizot señaló que el uso de algoritmos podría consolidarse en el ámbito de la investigación penal, particularmente frente a delitos económicos, financieros y cibernéticos. Aun así, advirtió sobre los riesgos que esto implica en términos de transparencia y garantías. “Se deberá cuidar que estos algoritmos no sean los únicos que hacen la prueba”, sostuvo, al enfatizar que la evidencia no puede depender exclusivamente de sistemas automatizados.
Desde su perspectiva, cualquier avance en inteligencia artificial debe estar acompañado de principios claros de regulación. Entre ellos, destacó la fiabilidad de los sistemas, el respeto a los derechos de defensa y el principio contradictorio. “La posibilidad para la persona que sea acusada (…) de poder defenderse y tener acceso al proceso de recogida de la prueba” fue planteada como una garantía esencial. A esto añadió la necesidad de control judicial sobre todo el proceso y la prohibición de condenas basadas únicamente en pruebas generadas por inteligencia artificial.
Parizot también cuestionó la idea de un vacío regulatorio absoluto, al señalar que ya existen disposiciones relacionadas con pruebas digitales. No obstante, consideró que futuros marcos normativos deberán ser lo suficientemente amplios y flexibles para adaptarse a la evolución constante de la tecnología, en un contexto donde la regulación penal se construye cada vez más en clave europea.
Fragmentación
Por su parte, Xabier Pin, catedrático de Derecho y director del Centro de Derecho Penal de la Universidad Lyon 3, centró su intervención en la transformación de las estructuras del crimen organizado. Explicó que en los últimos años se ha producido una fragmentación significativa. “Donde había unas estructuras grandes organizadas, ahora son una multitud de pequeñas organizaciones”, indicó, lo que dificulta su identificación y persecución por parte de los sistemas de justicia.
Ante este escenario, detalló que Francia ha adoptado reformas orientadas a centralizar y fortalecer la respuesta penal. Entre ellas, mencionó la creación de figuras especializadas como el procurador nacional contra la criminalidad organizada, inspirado en modelos ya existentes para el combate al terrorismo, así como el refuerzo de las capacidades de investigación en materia de comunicaciones e imágenes. También se han incorporado nuevas figuras penales, como la asociación criminal, y se han endurecido las medidas frente al uso de menores en actividades delictivas.
El jurista añadió que estas reformas incluyen el fortalecimiento del estatuto de los colaboradores de la justicia y el endurecimiento de las condiciones de reclusión para condenados por crimen organizado, con mayores controles sobre las comunicaciones desde los centros penitenciarios.
En cuanto al carácter transnacional del fenómeno, Pin sostuvo que la cooperación internacional presenta avances desiguales. “La mejor manera de actuar es a nivel regional”, afirmó, al destacar el papel del espacio europeo, donde existen mecanismos como el mandato de arresto europeo y sistemas de intercambio de información entre cuerpos policiales. Sin embargo, precisó que a escala global la cooperación sigue siendo limitada y, en muchos casos, se activa después de la comisión de los delitos.
Ambos expertos coincidieron en que el desarrollo tecnológico ha sido igualmente aprovechado por las organizaciones criminales, lo que obliga a una adaptación constante de las herramientas de persecución penal. “Los criminales ya saben muy bien utilizar la inteligencia artificial”, señalaron, al mencionar prácticas como la manipulación de voces e imágenes. Frente a ello, las autoridades han comenzado a desarrollar tecnologías de verificación, en una dinámica que, según describieron, evoluciona en paralelo entre quienes cometen los delitos y quienes los investigan.
El acto contó con la presencia del presidente y fundador de Funglode y expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, quien dejó formalmente iniciada la actividad.
El evento fue organizado por Funglode en conjunto con el Observatorio Judicial Dominicano (OJD), el Centro de Estudios de la Francofonía, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), la Cátedra UNESCO y el Institut International du Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises (IDEF), y congregó a académicos, juristas, magistrados y representantes del sector judicial.
También participó Stéphane Faucher, presidente de Funglode Francia, quien valoró este tipo de encuentros como puentes de cooperación intelectual entre Francia y la República Dominicana, fortaleciendo el intercambio académico y jurídico entre ambas naciones.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de nuestro director ejecutivo, doctor Marco Herrera, quien destacó la importancia de promover debates rigurosos y comparados en torno a una pieza legislativa de tanta trascendencia institucional como el Código Penal. Subrayó, además, la necesidad de fortalecer el sistema de justicia desde una visión moderna, garantista y alineada con los estándares internacionales.
La moderación estuvo a cargo del magistrado Hermógenes Acosta, exjuez del Tribunal Constitucional, quien condujo el intercambio resaltando el valor de analizar experiencias comparadas, como la francesa, para enriquecer el debate jurídico dominicano.
Fuente: www.diariolibre.com
