Tras concluir la entrevista con Diario Libre, vestido con una camisa semiformal, pantalón largo, mocasines y gafas, Ángel (nombre ficticio) se disponía a abordar su vehículo para dirigirse a una concurrida plaza del Distrito Nacional, donde es encargado de compras de una empresa.
Nada en la apariencia de este mercadólogo, con perfil de ciudadano común, delata que cumple una condena de tres años de prisión por falsificación en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Haras Nacionales, uno de los recintos donde opera el programa Medio Libre, uno de los ejes que busca transformar una estructura carcelaria arcaica caracterizada por el reciclaje del crimen, lo que repercute en la seguridad ciudadana.
A través de Medio Libre, fase previa a la libertad condicional, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) no solo busca ofrecer un nuevo comienzo a 885 privados de libertad que hoy están bajo esa modalidad, sino también reducir la carga económica sobre un sistema arrabalizado que alberga a más de 25,000 internos —un 60 % por encima de su capacidad— y cuya manutención le cuesta al Estado 1,400 pesos diarios por cada recluso.
Paradójicamente, algunos siguen presos porque no pueden una multa de 500 pesos, según relata Roberto Santana, director de la Dgspc
Solo en la alimentación de los 56 centros, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), antiguo Comedores Económicos, entregó en el 2025 unas 24.1 millones de raciones, cuyo costo fue de 1,018 millones de pesos, igual a más del 36 % de presupuesto de la Dgspc, cifrado en 2,800 millones de pesos en el 2026.
En tanto, en Haras Nacionales, Ángel y sus compañeros circulan libremente por los 1,097 metros cuadrados del recinto. En el 2015, la Procuraduría invirtió 14.4 millones de pesos para convertir el centro vacacional de Santo Domingo Norte en un CCR.
Los privados de libertad, quienes viven en unas 25 casas de 42 metros cuadrados cada una y cuentan con lo necesario para vivir dignamente, cultivan la tierra, montan sus propios talleres, alimentan su intelecto en una biblioteca y juegan sóftbol en un play compartido por una liga infantil que prepara futuros prospectos de béisbol.
Cada tarde, tras concluir su jornada laboral, Ángel regresa a su hogar para compartir las noches con su esposa e hijos. Así transcurre su rutina de lunes a viernes. Sin embargo, los sábados y domingos debe retornar al centro correccional para cumplir con las condiciones de su condena, conforme a la condición impuesta por el juez de ejecución de la pena.
Mientras habla con Diario Libre, a pocos metros, otros internos socializan al aire libre y observan a varios niños entrenar en el play del recinto. Aunque estuvo en una cárcel del nuevo modelo, no tenía la libertad de moverse libremente. En cambio, en Haras Nacionales, donde usan uniformes, hay “una diferencia del cielo a la tierra”. “Para cualquier privado de libertad esto es un logro”, indica.
Alfredo (nombre ficticio) lleva un año y siete meses en Haras Nacionales. Siente que ha vivido más en ese tiempo que en los 13 años que pasó en la cárcel de La Victoria, lugar que definió como una “pesadilla”, donde se enfermó de diabetes e hipertensión arterial, pero tras ser trasladado al nuevo centro logró controlar esas dolencias.
Asegura que espera que una empresa sirva de garante para solicitar ante el juez su ingreso a la modalidad de Medio Libre, como boleto a la reintegración social. Para obtener el cambio de recinto, mantuvo buen comportamiento y participó en programas educativos.
Las flexibles condiciones del recinto han facilitado incidentes de fuga. En el 2020, Francisco Antonio Gómez y Susano Carmona, condenados a 30 y 20 años de prisión, respectivamente, escaparon en hechos separados. Asimismo, en el 2016, Luis Dione Arias, de 66 años, se suicidó mientras cumplía una condena de 20 años. En medio de esa situación, Nanco Hernández, sentenciado a dos décadas de prisión, también logró huir del recinto.
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Formó una familia
En el CCR de Baní-Mujeres, Y.P. de 26 años y oriunda de Villa Mella, es otra de las beneficiarias del modelo de Medio Libre, que le permite trabajar como empleada doméstica de lunes a viernes y cumplir arresto domiciliario los fines de semana.
Gracias a su buen comportamiento y a la capacitación adquirida en distintos cursos técnicos, el juez de ejecución de la pena determinó que ya no debía presentarse en el recinto penitenciario, una decisión que le permitió rehacer su vida y formar una familia junto a su pareja, con quien tuvo una hija que hoy tiene siete meses.
“Se siente muy bien rehacer su vida”, señala Yennifer. Cuando descendió de la guagua e ingresó al recinto para la entrevista de este trabajo, sus compañeras y las agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario (VTP) la recibieron junto a su hija con afectuosos abrazos. El ambiente transmitía sentido de familia.
Yennifer ha cumplido más de cinco años de los 15 a los que fue condenada por herir a una menor de edad. De las 57 internas, con edades entre 18 y 54 años, que tiene Baní-Mujeres, ella forma parte de las 27 beneficiadas con el Medio Libre, identificadas con camisetas rosadas.
La mayoría de las internas de este recinto proviene de comunidades de la región sur y arrastra historias marcadas por la pobreza y la baja autoestima, según explica la directora Arelis Uribe Román. Como parte de su proceso de reintegración social, reciben formación en educación básica, así como capacitación en belleza y manualidades.
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Los filtros para ingresar
El artículo 40 de la Constitución establece que todas “penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. En ese sentido, sin importar el delito, todos los privados que han cumplido un tercio de su condena, si es de hasta cinco años, y una cuarta parte, en los casos de penas mayores, tienen derecho a solicitar su ingreso ante la Dirección de Medio Libre.
A través de esta entidad, amparada en la Ley 113-21 (que Regula el Sistema Penitenciario) y que depende de la Dgspc, el detenido agota un proceso de observación, tratamiento y prueba, explica Amado Cabrera, director del programa Medio Libre.
Detalla que el proceso inicia en la fase de tratamiento, donde el privado recibe capacitación. Luego pasa a una etapa de prueba, en la que se integra a actividades dentro del centro, antes de incorporarse a las brigadas de trabajo.
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El siguiente paso es acceder a beneficios graduales, como permisos familiares bajo custodia por dos o tres horas. Además, un comité realiza un levantamiento de los aspectos psicológicos, médicos, educativos, legales y conductuales. Luego, la comisión de vigilancia, evaluación y sanción del centro, compuesta por ocho personas, emite un informe al Sistema Penitenciario.
Según la Dgspc, 649 tienen arresto o prisión domiciliaria y 236 cuentan con permisos laborales, para un total de 885 beneficiarios de Medio Libre. La meta es elevar esa cifra a 2,000, informó el titular Roberto Santana.
Otros 956 internos participan en programas de labores comunitarias, educación o atención psicológica. La entidad ha realizado acuerdos con otras instituciones para incorporar a los beneficiarios a sus programas. Por ejemplo, han reforestados las cuencas hidrográficas y en Semana Santa se integraron a las labores preventivas de las autoridades.
Cabrera sostiene que es poco frecuente que un privado incumpla las normas. Cuando lo hace, la dirección realiza un informe a la Dgspc y al juez de ejecución de la pena y, una vez comprobada la falta, se le retira el beneficio.
La estrategia de Medio Libre ha sido aplaudida en foros por funcionarios e instituciones, pero a nivel individual ha sido cuestionada por beneficiar a imputados de delitos graves.
En septiembre del 2025, el exfuncionario Donni Santana, condenado a 20 años de prisión por violación a una menor de edad, fue favorecido con el programa. Tras las críticas, el Ministerio Público informó que apelaría la decisión a fin de que regrese a cumplir la condena en prisión.
Corrupción y sobrepoblación, otros planes de la reforma
Más allá del modelo Medio Libre, la reforma penitenciaria contempla varias líneas estratégicas, como la construcción de nueve cárceles para reducir la sobrepoblación penitenciaria, que ya supera el 60 %.
Sin embargo, uno de los puntos en los que Roberto Santana, titular de la Dgspc, hace mayor énfasis es desmontar la corrupción en las prisiones tradicionales, las cuales buscan convertir en lugares seguros, “donde haya honestidad y donde, sin corrupción, se pueda rehabilitar a los privados de libertad para que empiecen una nueva vida”.
“¿Por qué, si nosotros somos unos corruptos, cómo podemos arreglar a los privados de libertad? ¿Cómo podemos rehabilitar a los privados de libertad si nosotros somos cómplices de los delincuentes ahí dentro?”, se cuestiona Santana. Insiste en que los custodios de los recintos no deben ser “unos bandidos, unos corruptos”.
En lo que va de año, 49 agentes VTP han sido sancionados por violar las normas dentro de los recintos. De ellos, algunos fueron cancelados, otros suspendidos y otros están en prisión.
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“La batalla contra la corrupción es un tema innegociable, donde no aceptamos padrinos… que por delante dicen que las cosas se hagan bien y por detrás piden privilegios para los privados de libertad”, explica Santana en tono enérgico.
Otro desafío es el exceso de presos preventivos: de los 25,000 privados de libertad, 16,000 son preventivos, una cantidad que no permite operar adecuadamente, debido a que se debe disponer de más de 100 vehículos al día para trasladarlos a los tribunales, se queja Santana. “Es una situación insostenible”.
La cárcel Las Parras recibió del Gran Santo Domingo 700 reos en los últimos tres meses. De estos, apenas han salido 28. Es una proporción excesiva. “¿Cómo voy a sostener el sistema?”, plantea Santana. En ese sentido, sugiere a fiscales y jueces enviar a prisión únicamente a los reclusos de alto peligro para la sociedad.
Fuente: www.diariolibre.com
