El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra nueve integrantes de una presunta organización criminal transnacional vinculada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos y tenencia ilegal de armas, desmantelada mediante la Operación Leopardo.
La acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio, alias el Flaco; Pedro Luis Cordero Espinal; José Ignacio de Jesús Mota, el Gordo; Daniela Sthefany Amancio Olaverría; Rafael Torrez Díaz; Wilson Rafael Severino Inirio; Antun Mrdeza, Nikolas Boros; Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
Según la investigación, la estructura recibió cargamentos de cocaína procedentes de Colombia a través de diferentes puntos de la costa dominicana, entre ellos Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá.
Posteriormente, las drogas eran trasladadas por tierra hasta inmuebles utilizados para su almacenamiento y luego enviadas en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico. Desde allí, de acuerdo con el expediente, eran distribuidas hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
Casi 1.7 toneladas de cocaína
Uno de los principales hechos atribuidos a la organización ocurrió el 25 de abril, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína con un peso de 1,027.15 kilogramos a bordo de la embarcación “Lucifer”.
De acuerdo al órgano acusador, el 18 de octubre del mismo año fueron realizados 17 allanamientos simultáneos, en los que se ocuparon otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de ellos almacenados en el establecimiento Drinks Súper Fría, ubicado en San Rafael del Yuma.
En conjunto, ambos decomisos suman 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalentes a casi 1.7 toneladas.
Movimientos financieros significativos
El análisis financiero realizado durante la investigación permitió identificar movimientos superiores a RD$ 258.8 millones y US$1.6 millones a través de cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos.
El Ministerio Público señala que la organización utilizaba diferentes métodos para ocultar el origen del dinero, entre ellos depósitos fraccionados, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, personas interpuestas y sociedades utilizadas como fachada.
También fueron identificadas operaciones inmobiliarias presuntamente sobrevaluadas, transferencias mediante el sistema informal conocido como hawala y pagos con criptomonedas, principalmente USDT en la red TRC20.
Entre los activos que el Ministerio Público procura decomisar figuran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, además de una villa de lujo en La Altagracia adquirida por unos US$820,000.
La acusación también incluye un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo; dos solares en San Antonio de Guerra; un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana, y otros terrenos e inmuebles ubicados en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
Asimismo, las autoridades identificaron las embarcaciones “Beto III”, “Fish On” y “Lucifer”, además de vehículos, armas de fuego, municiones, relojes de marcas como Rolex y Breitling, prendas de apariencia áurea y cientos de dispositivos electrónicos.
El expediente incluye además computadoras, tabletas, máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentos financieros y societarios.
El Ministerio Público sostiene que una parte importante de estos bienes fue adquirida mediante dinero en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que los acusados pudieran justificar su procedencia mediante actividades lícitas.
El órgano acusador solicitó que sea admitida la acusación, se dicte auto de apertura a juicio, se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes y, al finalizar el proceso, se ordene el decomiso de los bienes vinculados a las actividades ilícitas.
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA)
Fuente: www.diariolibre.com
