La fuerza probatoria en la imputación formulada por el Ministerio Público contra 25 procesados en la estructura criminal que cometió numerosos delitos electrónicos, incluyendo la estafa, intimidación y usurpación de identidad y que la Operación Discovery 2.0 desarticuló, no pudo ser refutada por ninguno de los alegatos de las defensas técnicas, en medio de la audiencia de medidas de coerción concluida este viernes.
En la audiencia de medida de coerción, presidida por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, magistrado José Rafael D’ Asís, varios de los imputados en el proceso admitieron los cargos que, provisionalmente, le imputa el Ministerio Público y se pusieron a disposición del órgano acusador para colaborar con la investigación.
El Ministerio Público, representado por los procuradores de Corte Iván Féliz Vargas, titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; y Sourelly Jáquez Vialet, así como los también fiscales Warlyn Alberto Tavárez y Juan Elías Pérez, solicitó al juzgador que imponga la prisión preventiva contra 18 de las personas imputadas, en tanto que ordene el pago de garantías económicas, presentación periódica e impedimento a salir del país, para otros de los imputados que admitieron las imputaciones.
La procuradora de Corte del Ministerio Público, Sourelly Jáquez Vialet, resaltó el blindaje que recubre a la investigación, que en lugar de ser refutada fue reforzada en vista de la fragilidad de los alegatos de la parte imputada.
«De hecho, solamente presentaron presupuestos, no pidieron ninguna exclusión probatoria, porque el Ministerio Público presentó pruebas periciales tecnológicas, donde, incluso, hay cientos de llamadas telefónicas en donde se puede escuchar a los imputados cometiendo las estafas, haciéndose pasar por nietos de las personas envejecientes, siendo víctimas de esos actos intimidatorios».
Jáquez resaltó que los abogados no presentaron arraigo laboral de sus defendidos, «ya que la actividad laboral a la que se dedican es a la estafa, lo cual robustece la medida de coerción presentada por el Ministerio Público», acotó.
El Ministerio Público reiteró al tribunal que la única medida disuasiva que puede evitar que los imputados vuelvan a las calles a cometer las mismas estafas es la prisión preventiva, y reiteró su petición para que el proceso se declare de tramitación compleja.
