El lujo que durante años simbolizó el poder de las estructuras del narcotráfico en el país cambió de manos este miércoles, luego de que el Estado dominicano adjudicara a nuevos propietarios una serie de inmuebles confiscados a las redes de José David Figueroa Agosto y César Emilio Peralta (César el Abusador), en una subasta que superó los 60 millones de pesos en recaudación.
La jornada, organizada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide), se convirtió en una guerra de ofertas donde el valor de la exclusividad superó las expectativas iniciales entre sectores de alto perfil inmobiliario del Distrito Nacional y otras demarcaciones.
Entre las transacciones más destacadas figura un apartamento de Figueroa Agosto en la Torre Alco Paradise III, en la avenida Anacaona, en el Distrito Nacional, cuyo preció pasó de 21.8 millones a 27.8 millones de pesos tras una competencia sostenida entre oferentes.
Otra de sus propiedades, ubicada en la Torre Serena, también en la avenida Anacaona, fue adjudicada por 20 millones de pesos, mientras que un apartamento en la Torre G-31, en el sector Piantini, alcanzó los 9.25 millones pesos.
Los bienes vinculados a la red de Figueroa Agosto suman un total 57,050,000 pesos, tras la venta de tres inmuebles ubicados en zonas de alto valor inmobiliario del Distrito Nacional.
En paralelo, los bienes asociados a la estructura de César Emilio Peralta (César el Abusador), totalizaron 8,400,000 pesos correspondientes a un apartamento en la Torre Gini X, en Alma Rosa, Santo Domingo Este.
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La subasta también alcanzó un inmueble vinculado al expediente de corrupción donde figuran los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Magalys Medina, junto a otros imputados.
La propiedad, relacionada al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán Rodríguez, condenado por corrupción, comenzó con una oferta de 23.9 millones de pesos y cerró en 29 millones de pesos, tras una secuencia de pujas que mantuvo el interés de los participantes hasta el cierre del proceso.
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Ofertas y oferentes
Las ventas forman parte de un proceso de subasta de 143 bienes muebles e inmuebles decomisados en investigaciones de narcotráfico, lavado de activos y corrupción estatal, cuyo valor global ronda los 1,000 millones de pesos.
Durante varias horas, el salón de Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se convirtió en el escenario de rápidas ofertas, paletas levantadas y negociaciones tensas, mientras los participantes competían por adquirir propiedades que durante años estuvieron ligadas a algunas de las redes criminales y esquemas de corrupción más notorios del país.
Con estas adjudicaciones, el Estado busca transformar bienes incautados al crimen organizado en recursos aprovechables y dar salida a propiedades que permanecían bajo custodia judicial tras años de procesos legales.
¿Qué harán con el dinero?
El dinero obtenido por la venta de bienes incautados y decomisados mediante subastas públicas se distribuye conforme a la Ley 60-23, priorizando en primer lugar la compensación de las víctimas de los delitos vinculados a esos activos, explicó Manuel Rafael Oviedo Estrada, director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
En los casos donde no haya víctimas reconocidas, Oviedo Estrada dijo que el 90 % de los fondos pasa al Estado dominicano, para ser utilizado en programas sociales, salud, educación, construcción de escuelas, carreteras y hospitales. El 10 % restante se destina al funcionamiento operativo del Incabide.
Fuente: www.diariolibre.com
